LA ALARMANTE SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL EN CENTROS PENITENCIARIOS DE MÉXICO

La situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los centros penitenciarios de México revela una preocupante vulneración de derechos humanos. Según el Sistema Penitenciario Nacional, hasta octubre de 2015, se registraron 4,476 internos con padecimientos mentales, de los cuales 1,054 fueron declarados inimputables y 3,422 tienen discapacidad psicosocial. Este escenario pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las condiciones y el tratamiento de estas personas dentro del sistema de justicia penal.

Violaciones a derechos humanos y condiciones deplorables

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado múltiples violaciones a los derechos humanos en diversas recomendaciones y documentos. Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran la falta de personal especializado, la inadecuada clasificación de internos, el desabasto de medicamentos, y la carencia de programas específicos de tratamiento psiquiátrico. Estas deficiencias no solo agravan la condición de los internos, sino que también los exponen a situaciones de abuso físico, sexual y psicológico.

La inadecuada infraestructura y las condiciones insalubres en las que viven estos internos son preocupantes. La falta de instalaciones especiales para tratarlos y el aislamiento permanente al que son sometidos violan su derecho humano a recibir un trato digno. A esto se suma la ausencia de un marco legal adecuado que garantice el tratamiento correcto de estas personas en prisión, agravando aún más su situación.

Problemas en la determinación y aplicación de medidas de seguridad

Uno de los problemas más serios es la determinación de la inimputabilidad y sus consecuencias. En México, los Servicios de Atención Psiquiátrica dependientes de la Secretaría de Salud Federal son los encargados de realizar los dictámenes y peritajes solicitados por la autoridad judicial. Sin embargo, la falta de recursos humanos ha provocado retrasos significativos en estos procesos. Las agendas para realizar los peritajes están llenas, y cada caso puede tardar aproximadamente ocho meses en ser considerado, distorsionando así la finalidad de estas opiniones técnicas especializadas.

La medida de seguridad aplicada a los inimputables generalmente consiste en el internamiento por tiempo indeterminado, sin criterios claros de duración y sin considerar el tratamiento farmacológico necesario para controlar la enfermedad y evitar recaídas. Esta situación resulta en una privación de libertad arbitraria y discriminatoria, afectando gravemente los derechos de estas personas.

Recomendaciones y necesidad de cambio

Ante esta problemática, se plantean varias recomendaciones cruciales. Es imperativo que las personas con discapacidad psicosocial sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados, integrando un expediente médico con su historia clínica y diagnóstico para recibir atención adecuada. Además, se debe garantizar su derecho a la protección de la salud mediante su internamiento en instituciones de salud especializadas.

Es fundamental que el sector salud cuente con la infraestructura necesaria para proporcionar la mejor atención a esta población, construyendo o habilitando unidades especiales y previniendo partidas presupuestales adecuadas. También es esencial armonizar el marco normativo aplicable, alineándolo con los estándares internacionales de derechos humanos para asegurar un tratamiento digno y sin discriminación.

En conclusión, la situación de las personas con discapacidad psicosocial en los centros penitenciarios de México requiere atención inmediata y cambios estructurales profundos. La implementación de políticas públicas efectivas y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales son indispensables para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de esta vulnerable población