Con el objetivo de garantizar a todas las personas adultas mayores su derecho a la salud, una vivienda digna, alimentación y seguridad social, las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez, y el senador Joel Padilla Peña, presentaron un punto de acuerdo y una iniciativa para proteger a este sector de la población.

En el punto de acuerdo, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) solicitaron a la Secretaría del Bienestar garantizar el acceso al programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores a todas las personas de la tercera edad que se encuentran en situación de calle o pertenecen a comunidades indígenas.

Asimismo, hicieron un llamado para realizar brigadas que apoyen en la tramitación e incorporación al Programa de Pensión Universal a todos los adultos mayores en situación de calle y a aquellos pertenecientes a las comunidades indígenas, para que puedan contar con un sostén económico.

Geovanna Bañuelos, líder parlamentaria del PT en el Senado, recordó que en los gobiernos pasados, los derechos de este sector de la población eran vulnerados constantemente. “Por culpa de los sexenios anteriores y el neoliberalismo, las personas adultas mayores no fueron tomadas en cuenta, dejándolas en estado de vulnerabilidad, enfrentando condiciones de escasos recursos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y la salud, lo que repercute en sus condiciones de vida”, expresó.

No obstante, destacó que a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, la vida de las personas de la tercera edad en México ha mejorado y actualmente se estima que más de 11.5 millones de adultos mayores reciben la pensión para el bienestar.

El programa consiste en un apoyo económico de 3,000 pesos mensuales y atiende a todos los adultos mayores de 68 años en todo el país, y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas. Sin embargo, advirtió la legisladora por Zacatecas, aún hay personas en situaciones de vulnerabilidad a las que se les dificulta acceder a los programas del bienestar, entre ellas, quienes viven en situación de calle o en comunidades indígenas alejadas de la urbanidad.

La legisladora informó que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en 2023, el 12% de la población tenía 60 años o más, de los cuales el 25% vive en situación de calle por abandono o a causa de las deficiencias socioeconómicas. Mientras que para 2020, la población total en hogares indígenas contaba con más de 11 millones de personas adultas de 65 años y más.

“La realidad es que son millones de personas en esta situación; sin embargo, por la falta de información y documentos oficiales, no pueden acceder a los beneficios otorgados por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó la senadora.

En la iniciativa presentada a la Comisión Permanente, se busca adicionar una fracción IV al artículo 6º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PT (GPPT) buscan que el Estado, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Secretaría de Salud, promueva la difusión de información oportuna para la prevención de enfermedades crónicas, discapacidades y lesiones en adultos mayores para su correcta atención, así como concientizar a la sociedad en general acerca de los cuidados básicos para este grupo poblacional.

“Con los cambios propuestos se fortalecerá la vida digna para los adultos mayores. Un entorno seguro y favorable, junto con acceso a atención médica adecuada, les permite mantener su salud, prevenir enfermedades y disfrutar de una mayor calidad de vida”, explicó la coordinadora del GPPT.

Geovanna Bañuelos aseguró que el Estado juega un papel crucial en la promoción de la salud y el bienestar de las personas adultas mayores, así como la publicación y difusión de información precisa y accesible sobre enfermedades crónicas, discapacidades y lesiones es fundamental.

Por ello, dijo, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es fundamental hacer llegar a todas las personas adultas mayores, sin importar su condición, este beneficio y derecho constituido. “Por el bien de todos, primero los que más necesitan, y nuestros adultos mayores, quienes fueron el sostén y la maquinaria del país”, concluyó