VULNERABILIDADES ACENTUADAS: LA REALIDAD DE NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO

La violencia hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad es una realidad sombría que se agudiza al explorar las cifras relativas a las mujeres y niñas en México. Según datos recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2021, un 11.9% de las mujeres y niñas mayores de 15 años tiene alguna discapacidad, representando más de seis millones de personas en el país.

El estudio revela que mientras el 70.1% de las mujeres y niñas en México han enfrentado algún tipo de violencia en sus vidas, este porcentaje asciende al 72.6% para aquellas con discapacidad. La violencia que enfrentan estas mujeres y niñas es multifacética, abarcando abusos psicológicos, físicos, sexuales, económicos y patrimoniales, con un impacto particularmente severo en su bienestar y supervivencia.

Estos datos ponen en relieve cómo la discapacidad no solo incrementa la vulnerabilidad a la violencia, sino que también agrava su intensidad y frecuencia. Este fenómeno no es exclusivo de un contexto o región, sino que es una constante que atraviesa todos los estratos sociales y económicos, exacerbando las desigualdades ya presentes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) son pasos importantes hacia la protección de este grupo vulnerable. No obstante, los hallazgos de la encuesta subrayan la necesidad urgente de fortalecer las políticas y programas dirigidos específicamente a niñas y mujeres con discapacidad. La formación y sensibilización de los profesionales en los ámbitos de salud, educación y asistencia social, junto con una aplicación efectiva de la ley, son cruciales para mitigar y eventualmente eliminar la violencia contra este grupo.

Además, es fundamental que el enfoque en la protección se extienda más allá de la mera supervivencia, abogando por una calidad de vida digna y el pleno ejercicio de los derechos. El reto está en implementar una política inclusiva que no solo reconozca la magnitud del problema, sino que también proporcione soluciones efectivas y sostenibles.

Este contexto demanda un esfuerzo coordinado y continuo de todas las instituciones y la sociedad en su conjunto para garantizar que la vulnerabilidad asociada con la discapacidad no sea un factor que condene a niñas y mujeres a vivir en un ciclo de violencia y desprotección. La discusión y acción sobre este tema no solo es una cuestión de justicia social, sino un imperativo ético que requiere atención inmediata y efectiva.