CHILE APRUEBA NUEVA LEY PARA AMPLIAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante la última semana legislativa de junio, la Cámara de Diputados de Chile aprobó dos proyectos de ley significativos, uno de los cuales tiene como objetivo reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. La votación se realizó el lunes 17 de junio, y la nueva normativa incrementará del 1% al 2% la cuota obligatoria de personas con discapacidad en la dotación anual de las empresas con más de 100 trabajadores, tanto en el sector público como en el privado.

Esta medida también se aplicará a las instituciones públicas, y la Dirección del Trabajo mantendrá un registro público sobre inclusión laboral, además de contar con mayor personal para fiscalizar su cumplimiento. La Dirección Nacional del Servicio Civil informará anualmente sobre el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones públicas, especialmente en materia de selección preferente y la reserva de contratación de personas con discapacidad o con pensión de invalidez. El empleador deberá proporcionar un protocolo de ambientes laborales, conforme a la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que deberá entregarse anualmente a los trabajadores.

La ley también contempla la diversificación y descentralización de las donaciones, estipulando que no más del 50% de las mismas se destinen a una única organización y que, al menos, una parte de los recursos se dirija a proyectos o programas en regiones distintas a la Metropolitana. Las organizaciones beneficiarias deberán tener domicilio acreditable en dichas regiones.

El aumento de la cuota del 1% al 2% será efectivo a partir del primer día de enero del año siguiente al envío de un informe de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, el cual debe acreditar que el 80% de las empresas o instituciones obligadas han cumplido con la cuota del 1%. Este informe se enviará 12 meses después de la publicación de la normativa.

Las normas que regulan el ingreso a la administración del Estado, a los municipios y a la dotación de asistentes de educación pública, se aplicarán 12 meses después de la publicación de la ley. En estas instituciones, se equipararán los estudios de escuelas especiales con el requisito de rendir la educación media completa para personas mayores de 18 años que acrediten estudios completos en modalidad de educación especial.

La normativa también fija sanciones y multas por la infracción a las normas sobre inclusión laboral, estableciendo una regla para el incumplimiento o cumplimiento parcial de la obligación subsidiaria a través de donaciones en dinero. Estos recursos se dirigirán a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social sea la inclusión e intermediación laboral, capacitación y rehabilitación, así como la promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral.

Una vez que entre en vigencia la obligación del 2%, sólo se podrán efectuar donaciones por hasta el 1% de los trabajadores. Además, el texto amplía el objeto de personas jurídicas y los proyectos a ser financiados.

En la administración del Estado, en caso de incumplimiento reiterado de las normas de la ley 20.422, se hará efectiva la responsabilidad administrativa del jefe superior o jefatura máxima del órgano involucrado. Asimismo, se considerará una infracción al principio de probidad administrativa que un organismo, servicio o institución realice nuevas contrataciones sin cumplir con la selección preferente de personas con discapacidad.

Esta nueva ley marca un avance significativo en los esfuerzos de Chile por promover la inclusión laboral y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, reforzando el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia social.