RENOVACIÓN NORMATIVA EN MÉXICO PARA EMPRESAS SOCIALES: IMPULSANDO LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes, desde la crisis climática hasta transformaciones digitales profundas, la noción de un nuevo "contrato social" se vuelve cada vez más pertinente. Este contrato no solo debe abordar urgencias ambientales y sociales, sino también promover una inclusión más efectiva de todos los sectores de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad. Un modelo que está ganando atención global es el de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), que ya están transformando el panorama empresarial en varios países y que podría ser clave para México en su camino hacia los objetivos de la Agenda 2030.

Las SBIC no son solo entidades mercantiles orientadas al lucro; estas organizaciones buscan activamente alcanzar objetivos sociales y ambientales. Su estructura permite que, más allá de generar beneficios económicos, contribuyan al bienestar social y al cuidado del medio ambiente, reconociendo el papel crucial de las empresas en la sociedad. En España, por ejemplo, este modelo está en proceso de formalización legal, destacando la necesidad de reconocimiento y regulación para prevenir el "impact washing" y potenciar su capacidad transformadora.

En México, la implementación de una figura legal similar podría marcar un antes y un después en cómo las empresas abordan la inclusión de las personas con discapacidad. Actualmente, muchas empresas operan bajo un modelo tradicional donde la maximización de beneficios a menudo eclipsa compromisos sociales más amplios. Sin embargo, con una crisis sanitaria global y otros desafíos contemporáneos, emerge una oportunidad para repensar y redefinir el propósito empresarial.

Una legislación que promueva las SBIC en México podría facilitar que más empresas adopten modelos de negocio que no solo busquen la rentabilidad económica sino también la inclusión efectiva y respetuosa de las personas con discapacidad. Esto implicaría establecer claros lineamientos legales que definan y regulen estas entidades, asegurando que su impacto social sea real y medible, y que su operación no se desvíe hacia prácticas que diluyan su esencia transformadora.

Este cambio normativo requerirá un consenso amplio entre los diferentes actores del sistema de gobernanza mexicano, incluyendo el sector privado, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y, crucialmente, las comunidades de personas con discapacidad. La colaboración entre estos actores será vital para diseñar un marco legal que no solo sea inclusivo y equitativo sino que también propicie un entorno donde las SBIC puedan prosperar y contribuir genuinamente a la sociedad.

Este modelo no solo tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad sino también de servir como un catalizador para una reforma social más amplia que beneficie a toda la sociedad. Así, la adopción de las SBIC en México podría ser un paso decisivo hacia un futuro donde la inclusión y la responsabilidad social no sean solo aspiraciones, sino realidades enraizadas en la estructura misma de su economía.

En conclusión, al mirar hacia un futuro que demanda cambios rápidos y significativos en respuesta a las crisis globales, México tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que la integración de consideraciones sociales en el modelo de negocio es no solo posible, sino esencial para la sostenibilidad a largo plazo.