Cada 3 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En México, esta fecha nos interpela no solo desde el compromiso internacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino desde una realidad nacional que demanda justicia estructural y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género y ciclo de vida.

Un rostro de la exclusión en cifras

De acuerdo con el INEGI, en 2023 había 8.8 millones de personas con discapacidad en México, es decir, el 7.2% de la población de cinco años y más. La mayoría son mujeres (53.5%), y casi la mitad tiene más de 60 años. Aunque la edad avanzada es un factor, no justifica la exclusión. Más del 90% tiene edad para trabajar, pero las brechas en empleo, educación, movilidad, salud y acceso a tecnologías persisten.

¿Dónde estamos parados?

El Diagnóstico Nacional sobre Discapacidad en México identifica problemas estructurales que impiden el acceso igualitario a los derechos: desde la falta de accesibilidad urbana y digital, hasta la exclusión de los sistemas de salud y protección social. A esto se suma una cultura todavía impregnada de visiones asistencialistas, donde el reconocimiento de derechos se da a cuentagotas.

Una transformación con las personas con discapacidad

La Cuarta Transformación ha logrado avances históricos en justicia social, y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 propone consolidar el “Segundo Piso” bajo el modelo del Humanismo Mexicano, que reconoce a las personas no como objetos de asistencia, sino como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo.

Este modelo debe aterrizar en políticas afirmativas y ajustes razonables que promuevan la autonomía, la vida independiente y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Esto implica garantizar accesibilidad universal, educación inclusiva, empleo digno y una participación efectiva en la toma de decisiones, tal como lo establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Pedagogía del oprimido: transformar desde la conciencia
Paulo Freire sostenía que “nadie libera a nadie, nadie se libera solo: los seres humanos se liberan en comunión”. La lucha por la inclusión no es solo legal o técnica: es cultural y política. Significa desarticular las relaciones de poder que mantienen a las personas con discapacidad como objetos de tutela, y promover el diálogo transformador que permita su autorrepresentación y liderazgo.

Rumbo al 2025: propuestas urgentes

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, desarrollar un nuevo modelo con cuotas afirmativas del 2% por cada 50 trabajadores

Transversalizar la discapacidad en todos los programas federales, estatales y municipales con indicadores claros de cumplimiento.

Crear sistemas nacionales de cuidados accesibles e incluyentes que liberen a mujeres cuidadoras, muchas de ellas también con discapacidad.

Garantizar accesibilidad digital y tecnológica como derecho, no como privilegio.

Reformar la educación inclusiva con base en el diseño universal y apoyos personalizados.

Ampliar la cobertura de apoyos universales más allá del enfoque de pobreza, con base en derechos.

Un llamado a la acción
La inclusión no es un acto de caridad. Es una obligación ética, jurídica y política del Estado mexicano. No se trata de dar más, sino de reconocer lo que ha sido sistemáticamente negado. En este Día Internacional, recordamos que construir una sociedad incluyente es posible solo si se hace con y desde las personas con discapacidad.